Al cumplirse 204 años de la firma del Tratado de Córdoba, el 24 de agosto de 1821, un evento clave que selló la consumación de la Independencia de México, resulta imperativo analizar cómo los principios de justicia, equidad y soberanía que nacieron en aquella época histórica continúan influyendo en los desafíos jurídicos y sociales de nuestra nación. Este documento no solo representó nuestra libertad política de España, sino que también sentó las bases iniciales para la conformación de un nuevo orden legal y político, cuya influencia se extiende hasta la estructura actual de nuestro país.
El Tratado de Córdoba: Pilar de la nación jurídica mexicana
El Tratado de Córdoba, suscrito entre Agustín de Iturbide y Juan O’Donojú, quien fuera el último jefe político superior de la Nueva España, formalizó la adhesión al Plan de Iguala. Este proyecto proponía la independencia, la unión de las diversas facciones y la religión católica como única. Este acto, más allá de una simple declaración de soberanía, marcó el punto de partida de un complejo y extenso proceso de construcción institucional y legal en el territorio mexicano. Conceptos como la autonomía nacional, la división de poderes —entonces en una etapa inicial y sujeta a evolución— y la garantía de derechos fundamentales comenzaron a delinearse, trazando el rumbo para el subsiguiente desarrollo del derecho constitucional mexicano. La visión de una nación soberana, con capacidad de autodeterminación y de regirse por sus propias leyes, empezó a tomar forma a partir de este suceso fundamental.
Desafíos jurídicos contemporáneos desde la perspectiva independentista
Dos siglos después, la República Mexicana sigue enfrentando desafíos significativos para la plena materialización de aquellos ideales de justicia y equidad. Temas como la justicia social, orientada a reducir las diferencias y asegurar el acceso universal a oportunidades; la protección efectiva de los derechos humanos para todos los segmentos de la población, incluyendo aquellos históricamente vulnerados; y el fortalecimiento de la autonomía del Poder Judicial frente a las influencias de los otros poderes, constituyen debates persistentes y de profunda relevancia. Estos desafíos, lejos de ser algo nuevo, encuentran sus raíces en los propósitos originales de nuestra nación.
La necesidad de adaptar el marco legal a las realidades contemporáneas —como el combate a la corrupción, la seguridad pública o la protección ambiental— demuestra que la construcción de una sociedad más justa y equitativa es una tarea activa y continua, en la cual la evolución del derecho es un motor indispensable.
La independencia no fue un final, sino el preludio de un camino hacia la consolidación de un sistema jurídico propio. Este sistema ha evolucionado a través de diversas constituciones y leyes, cada una orientada a perfeccionar la garantía de los derechos y la impartición de justicia.
Fuentes Consultadas:
- Tratado de Córdoba (1821)
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Vigente)
- Carpizo, Jorge. “La Constitución Mexicana de 1917”. Universidad Nacional Autónoma de México, 2017.
- Tena Ramírez, Felipe. “Leyes Fundamentales de México, 1808-2002”. Porrúa, 2002.
